El proceso de definición de autoridades en el Colegio de Abogados de San Isidro empezó a exponer tensiones internas dentro del oficialismo, el espacio que conduce la institución desde hace más de tres décadas. En los últimos días, un grupo de abogados con participación activa en la vida institucional del Colegio hizo circular un documento en el que expresó cuestionamientos al mecanismo utilizado para resolver las candidaturas, especialmente a partir de una convocatoria a una asamblea destinada a “ratificar y proclamar” decisiones que, según plantean, ya habían sido tomadas en ámbitos reducidos. Según trascendió, dentro del propio oficialismo hubo intentos de promover una instancia más amplia de discusión, aunque esa posibilidad finalmente no prosperó. Se mencionó incluso la censura en grupos de Whatsapp que fueron cerrados e intervenidos para evitar todo tipo de expresión en contra de la decisión de la cúpula. El malestar, sin embargo, no se limita a una diferencia de procedimiento. Distintos sectores advierten desde hace tiempo una creciente desconexión entre la conducción del Colegio y parte de la matrícula, en particular frente a los problemas cotidianos del ejercicio profesional y los cambios que atraviesa hoy la abogacía. En ese contexto, comenzó a tomar forma una candidatura alternativa encabezada por el abogado Juan Formaro, también surgido del oficialismo, en un escenario poco habitual para la historia reciente de la institución. La aparición de Formaro introduce un dato político relevante: por primera vez en mucho tiempo, la discusión interna deja de estar ordenada exclusivamente por acuerdos cerrados y empieza a expresar una demanda de mayor apertura, participación y actualización del Colegio frente a los desafíos actuales de la profesión. Con trayectoria en el ámbito del derecho laboral, fuerte inserción académica y participación sostenida en espacios de capacitación, Formaro construyó en los últimos años un perfil vinculado a la formación de colegas y al contacto directo con las preocupaciones concretas de la matrícula. Según trascendió en el ámbito colegial, su decisión de competir responde a la necesidad de impulsar una agenda más cercana a los matriculados, con mayor participación interna y una mirada orientada a adaptar la institución a las nuevas demandas del ejercicio profesional. La situación también reabre un debate de fondo dentro del oficialismo: cómo se procesan las diferencias, qué lugar tienen las nuevas voces y hasta qué punto un esquema de continuidad de más de 30 años puede seguir representando, sin revisiones, a una matrícula cada vez más diversa y atravesada por otros desafíos. Así, el proceso electoral en el Colegio de Abogados de San Isidro empieza a perfilarse como algo más que una disputa de nombres. Lo que asoma es una discusión sobre el presente y el futuro de la institución, sobre su vínculo con los abogados y abogadas matriculados, y sobre la necesidad de abrir una nueva etapa en la vida del Colegio.